Partiendo de un supuesto de Derecho comparado el autor pone a prueba algunas afirmaciones firmemente asentadas y que se refieren a los medios de que dispone el Registrador para llevar a cabo su función. El análisis del Derecho vigente y de la doctrina que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha elaborado durante años lleva a una conclusión muy distinta a la tradicionalmente aceptada. A la luz de esta crítica se propone una interpretación de los preceptos vigentes más acorde con la finalidad del Registro para terminar proponiendo un expediente registral que permita, en determinados casos, la depuración del contenido del Registro de títulos nulos. Con estas medidas, se afirma, se conseguiría mejorar el funcionamiento del Registro, la depuración de su contenido en base a documentación pública y, en definitiva, mejorar el entorno de seguridad jurídica en que los usuarios y operadores jurídicos deben actuar sin merma alguna de los principios que inspiran aquel.

A lo largo de la presente monografía se expone la importancia actual del principio hipotecario de rogación durante toda la tramitación del procedimiento registral. El sujeto que acude al Registro tiene el poder jurídìco de provocar la actuación registral y así obtener la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario mediante la inscripción. El interés inicial del particular se va a convertir paulatinamente a lo largo de todo el procedimiento en un conjunto de cargas y obligaciones que exigen comportamientos determinados que excluyen que el presentante pueda imponer Iibremente su voluntad. Este principio refleja un valor actual en la sociedad y así lo ponen de manifiesto Ias reformas legales que han insistido en su necesidad.

A pesar del tiempo transcurrido desde la Lev 4112007 de 7 de diciembre que modificó seriamente el sistema hipotecario, no puede decirse que exista claridad ni unanimidad en la doctrina sobre si la misma ha introducido o no la hipoteca recargable en nuestro Derecho. En buena medida la cuestión viene oscurecida por una interpretación sometida a las ideas previas que tiene cada autor sobre la naturaleza de esta figura hipotecaria. En esta obra se trata de hacer un estudio libre de tales prejuicios del tenor literal de sus preceptos. Se observa así que la Ley ha establecido con carácter general que las modificaciones de la obligación garantizada no afectan a la subsistencia de la misma hipoteca, e incluso que la ampliación del capital garantizado no hace perder en determinadas circunstancias el rango de la hipoteca inscrita, no obstante la existencia de titulares de derechos inscritos con rango posterior a la hipoteca así modificada pero al mismo tiempo se observa que la Ley no ha establecido que la hipoteca garantice la obligación futura de la ampliación, ni establecido una expresa reserva de rango en favor de ésta. En tales estrictos términos debe hablarse pues de recarga de la hipoteca, y a su estudio se dedica este trabajo. Si bien, procede necesariamente distinguir con carácter previo esta “recarga", que puede calificarse de legal en cuanto establecida por la Ley sin previsión alguna de ello por las partes, de la posibilidad que éstas tienen de configurar voluntariamente el derecho de hipoteca en garantía bien de la obligación futura de la ampliación de capital, bien de una o varias obligaciones futuras determinadas tan sólo por los actos jurídicos básicos de que puedan derivar conforme al nuevo tipo de hipoteca de máximo establecido por la misma Ley.

La hipoteca inversa se presenta como una alternativa de financiación a la tercera edad y a las personas en situación de dependencia, que pueden obtener un complemento a su pensión con cargo a su propia vivienda pero sin renunciar a la propiedad de la misma durante toda su vida. Esta figura hipotecaria goza de una gran implantación en el mundo anglosajón, y se ha comenzado a introducir en España, donde cuenta además ya con una regulación específica y ciertas ventajas fiscales y arancelarias.

A lo largo de esta monografía, se expone el régimen jurídico de la hipoteca inversa, analizando entre otras cuestiones los requisitos legales, algunas cláusulas que se pueden incluir en su contratación, sus elevados intereses, los seguros que acompañan a esta hipoteca, su funcionamiento hasta la fecha del vencimiento así como las causas del mismo, los aspectos registrales y las consecuencias que se derivan para los herederos de quien suscriba una hipoteca inversa. Y en este análisis, se tiene muy en cuenta además la trayectoria que ha seguido la hipoteca inversa en Estados Unidos, donde nació y ha desplegado su mayor desarrollo, porque conociendo los motivos que han provocado su evolución y perfeccionamiento en este país se puede comprender mejor el sentido de la normativa española y se pueden adoptar medidas para evitar resultados no deseados.

Las tendencias unificadoras del Derecho Patrimonial Europeo y la actual situación económica acreditan la posibilidad de acudir al recurso de la figura del leasing en operaciones financieras de carácter inmobiliario, e impulsan el objetivo y la finalidad de esta obra, que trata de revisar los sistemas de transmisión de la propiedad y la legislación aplicable, no sólo en el ordenamiento jurídico español sino en el derecho comparado de los Estados miembros de la Unión Europea, al menos en nuestro entorno más cercano.

Se ofrece, así, una visión del leasing inmobiliario en el marco de una posible y novedosa perspectiva de unificación europea en materia de transmisión de la propiedad.

Comprar o vender, sin duda, no es lo mismo que aconsejar, o recomendar comprar o vender. Estos, como dice la doctrina, son actos materiales, aquellos, en cambio, jurídicos. Pero cuando se trata de productos muy complejos, que se negocian a su vez en marcados muy especializados, la distancia entre una cosa y otra se reduce considerablemente porque, como es fácil adivinar, la recomendación o consejo del experto constituye el factor determinante para tomar la decisión de comprar o vender…

Dos son las causas de la evicción y, por tanto, dos son los tipos de riesgos que los distintos sistemas registrales deben tratar de eliminar: la existencia de derechos ocultos, por una parte, y, por otra, la conclusión de negocios ineficaces. La diferencia entre uno y otro caso está en que, en el primero, hay derechos pero falta la publicidad de los negocios que los crean; en cambio, en el segundo, lo que falla no es la publicidad sino, en realidad, los mismos derechos ya que son nulos o irregulares los negocios en que se fundan. Si se quiere, por tanto, prevenir con garantía de éxito los sucesos de evicción, se vuelve indispensable disponer o arreglar algún tipo de formulas o procedimientos para conjurar ambos tipos de riesgos o peligros.

Hay dos causas o razones que determinan la necesidad de plantear la cuestión de la naturaleza jurídica de las Reales Academias y, una vez determinada su naturaleza, de precisar su régimen jurídico: por un lado, la falta de una ley general que regule las Reales Academias en su conjunto –a diferencia de los que sucede en algunos Ordenamientos extranjeros- y por tos lado, la diversidad de los Reales Derechos que regulan cada una de ellas.

La Ley 3372003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas introduce, como novedad importante, la obligación de inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de titularidad pública, sin distinción en cuanto a la demanialidad o patrimonialidad de los mismos, así como los actos y contratos referidos a ellos.

En esta obra se estudia el régimen registral de los bienes públicos a partir de la citada Ley, analizando, por un lado, las cuestiones que se plantean en torno al significado, finalidad y alcance de la obligatoriedad de la inscripción y, por otro, cada uno de los títulos que tienen acceso al Registro de la Propiedad, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en la Legislación hipotecaria y en las distintas disposiciones especiales que regulan el régimen jurídico de determinados bienes públicos.

Desde la publicación del Código Civil en 1889, el art. 396 de este cuerpo legal se ha caracterizado por ser el núcleo central de lo que en cada momento histórico ha constituido la denominada propiedad horizontal, término legalmente acogido por la ley de 1960. El inicial art. 396 CC se limitó probablemente a lo que, en su momento, podía configurarse corno la posibilidad de que diferentes pisos de una casa perteneciesen a distintos propietarios.

Las distintas reformas tanto del art. 396 CC como de la ley de propiedad horizontal han seguido el compás de la realidad social y respondiendo a la realidad se ha ido especializando y regulando esta forma especial de propiedad. La Ley de 1960 ya señaló que representaba, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación ex novo de la propiedad por pisos. Con el transcurrir de los años esta ley ha sido susceptible de varias reformas, resaltando la operada por la Ley 811999, que ha dejado de acometer quizá una posible reflexión, sólo en alguna medida, acerca de cierta personalidad jurídica. Con todo el artículo 396 del Código Civil continúa siendo el núcleo sustancial de la propiedad horizontal en nuestro ordenamiento. El objeto de este libro es precisamente resaltar los aspectos esenciales del régimen de la propiedad horizontal.