El eje de este trabajo radica en el examen de la nueva doctrina de la DGRN determinante de la pérdida de la natural funcionalidad del informe de Defensa de la Nota, configurado por la normativa administrativa como un acto de auxilio administrativo que el Instructor del recurso eleva al órgano que lo trata de una mera diligencia de constatación de los datos formales ya contenidos en el expediente. Tal amortización de su funcionalidad carece de fundamento alguno sin que sirva al efecto la alegación de una eventual indefensión del recurrente al no existir entre ellos contención alguna pues en tal trámite el registrador no actúa como parte en el procedimiento , sino como administrador al igual que la DGRN, siendo tema resuelto hace tiempo por el art. 112.3 de la Ley 30/1992 que considera innecesario el traslado al recurrente de estos informes, que no se consideran hechos nuevos a efectos del recurso, sin que ello cause indefensión alguna a dicho recurrente.

Partiendo de un supuesto de Derecho comparado el autor pone a prueba algunas afirmaciones firmemente asentadas y que se refieren a los medios de que dispone el Registrador para llevar a cabo su función. El análisis del Derecho vigente y de la doctrina que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha elaborado durante años lleva a una conclusión muy distinta a la tradicionalmente aceptada. A la luz de esta crítica se propone una interpretación de los preceptos vigentes más acorde con la finalidad del Registro para terminar proponiendo un expediente registral que permita, en determinados casos, la depuración del contenido del Registro de títulos nulos. Con estas medidas, se afirma, se conseguiría mejorar el funcionamiento del Registro, la depuración de su contenido en base a documentación pública y, en definitiva, mejorar el entorno de seguridad jurídica en que los usuarios y operadores jurídicos deben actuar sin merma alguna de los principios que inspiran aquel.