Se recogen detalladamente todos y cada uno de los regímenes económico matrimoniales existentes en cada uno de los 194 Estados existentes en el mundo, haciéndose incluso referencia además a los regímenes matrimoniales específicos de sus regiones autónomas, provincias, o Estados federados, cuando presentan especialidades sobre la materia.

Aun cuando los conceptos de tributo y de sanción hace años que fueron diferenciados por la doctrina y por la jurisprudencia la presentación conjunta de los estudios del autor obedece a la presencia con especial vigor en ambos del principio de Reserva de Ley, ocupando el reglamento una posición secundaria o a veces inexistente. Ello ha dado lugar a un importante cuerpo de doctrina tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, precisando el alcance de la reserva de ley en relación con cada uno de los elementos del tributo y de la sanción, con mención de aquellos supuestos en que por exceder el reglamento de su ámbito de actuación se incide en nulidad de pleno derecho.

La protección jurídica del hogar familiar se manifiesta no sólo durante el matrimonio, sino también en las situaciones de crisis matrimonial.
Con ser importante ya de por sí el problema relacionado con la atribución de la vivienda en estos casos, lo que constituye verdaderamente el objeto del presente trabajo es la determinación de la naturaleza jurídica del derecho que posee el cónyuge al que se le atribuye la vivienda en sentencia matrimonial y, más en concreto, si tal derecho trasciende del marco propio del proceso familiar que lo recoge para producir efectos erga omnes.
El derecho de uso de la vivienda familiar constituye un derecho especial distinto del que tenía el cónyuge vigente el matrimonio. La existencia de intereses dignos de protección determina que el uso de la vivienda familiar tenga un régimen legal especial, distinto del tradicional derecho real de uso. Esta monografía abarca tanto una parte inicial relativa a las cuestiones referidas a la atribución del uso desde una perspectiva propia del Derecho de Familia, como el campo del Derecho Civil Patrimonial, tratando el derecho de uso sobre la vivienda familiar, su especial naturaleza y sus implicaciones en el tráfico jurídico inmobiliario, contempladas desde la perspectiva de la institución registral.

El Reglamento 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo es un instrumento ambicioso que aborda desde el derecho de la Unión Europea el tratamiento conjunto de los diversos campos del derecho internacional privado sucesorio y crea también un específico título sucesorio: el certificado sucesorio europeo. El Reglamento aspira a dar una respuesta coherente en materia de ley aplicable, competencia judicial, reconocimiento de decisiones y circulación de documentos pero deja abierta la interpretación de conceptos fundamentales del mismo, al mismo tiempo que requerirá una fluida operatividad de los mecanismos de cooperación jurídica del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, mecanismos en muchos casos aún por desarrollar. El Reglamento está llamado a influir poderosamente en nuestro sistema de derecho internacional privado sucesorio modificando muchas de las soluciones que la norma y la práctica han proporcionado en un país como el nuestro donde por razones sociológicas los operadores están habituados a gestionar en situaciones de normalidad sucesiones con elemento internacional desde hace años. Este trabajo intenta desde la perspectiva del régimen de derechos reales sobre bienes inmuebles y el registro de la propiedad en España una aproximación general a la proyección del Reglamento 650/2012 en nuestro sistema de derecho internacional privado sucesorio.

La calificación del documento judicial constituye una piedra de toque esencial a la hora de clasificar un sistema registral y de saber lo que la sociedad tiene derecho a esperar de él. En España, desde los albores de la legislación hipotecaria (en particular desde el Real Decreto de 3 de enero de 1876) hasta nuestros días, el legislador ha optado por diseñar un registro jurídico de ámbito nacional en el que el registrador (cada vez con más frecuencia la registradora) es competente para calificar, bajo su responsabilidad patrimonial propia, los elementos de fondo y de forma que se estudian en este cuaderno a parir de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado con especial atención a las cuestiones derivadas de la concurrencia de jurisdicciones que emiten documentos incompatibles sobre la misma finca y a todos los complejos problemas derivados de la consideración de la competencia exclusiva del juez para juzgar y ejecutar lo juzgado y de la inexorable obligación del registrador de velar por el cumplimiento del tracto sucesivo.

La presente obra se corresponde con las Ponencias presentadas por el autor en las sesiones de apertura de los Cursos 2015/2016 y 2016/2017 de la Sección de Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

INTRODUCCIÓN. 1. La prioridad por privilegio. 2. La prioridad documental. CAPÍTULO I. LA HIPOTECA PRIVILEGIADA EN FAVOR DEL FISCO. 1. EL PRIVILEGIUM FISCI. 1. 1. El origen del privílegium. 7.2. Acatación del privilegium fisci. 1.3. El privilegium fisci en relación a terceros.- Su transmisibilidad. 2. HIPOTECA EXPRESA EN FAVOR DEL FISCO. 2.1. Sobre los bienes de los que contratan con el fisco o son concesionarios públicos. 2.2. Sobre los bienes de los contribuyentes. 3. HIPOTECA TÁCITA GENERAL SOBRE LOS BIENES DE LOS DEUDORES. 4. CONCURRENCIA DE CREDITOS HIPOTECARIOS A FAVOR DEL FISCO CON OTROS CRÉDITOS PREFERENTES. 4.1. Concurrencia de créditos en favor del Fisco con créditos anteriores. 4.2. Concurrencia con acreedores posteriores basados en título anterior. 4.3. Concurrencia de créditos Fisco-tutela. CAPÍTULO II.- LA HIPOTECA PRIVILEGIADA EN FAVOR DE LA MUJER. POR RESTITUCIÓN DE LA DOTE. 1. EL PRIVILEGIUM EXIGENDI DOTIS. 1.1. Prioridad del crédito doral: de la actio ex stipulatu a la actìo rei uxoriae. 1.2. Relaciones entre privilegium dotis y la restitución dotal. 2. MODIFICABILIDAD Y TRANSMISIBILIDAD DEL PRIVILEGIUM. 2.1. Modificabiiidad del privilegium exigendi dotis mediante pacto. 2.2. Su transmisibilidad inter vivos y mortis causa. 3. SU CONFIGURACIÓN COMO GARANTÍA REAL. 3.1 Prioridad del crédito dotal en concurrencia con otros créditos. 3.2. El crédito dotal garantizado con acción real. 3.3. El privilegium exigendi dotis como hipoteca privilegiada. CAPÍTULO III.- LA HIPOTECA PRIVILEGIADA EN FAVOR DEL QUE HA DADO DINERO PARA LA CONSERVACIÓN O MEJORA DE LA COSA. 

No se puede hacer un análisis de las Administraciones públicas y en concreto de Oficinas Liquidadores si no se tiene una idea clara de cuál es el producto que generan, su función de costes y la naturaleza y varianza de los riesgos que soportan. Variable, esta última, especialmente determinante para entender la especialidad de los convenios que se cierran con las Comunidades Autónomas y, por tanto, el volumen de los costes de transacción que hay que gestionar. Un diagnóstico demasiado apresurado sobre la función de costes que rige en este sector podría incurrir en los mismos errores que achacó CHEUNG, en un artículo justamente famoso, a los análisis de los economistas tradicionales sobre la aparcería. Hace años aún podría sorprender que se hiciese un análisis con métodos de mercado de derecho fiscal y la disuasión (esto es, la propensión al pago de los impuestos que éste pretende producir); no, desde luego, después de los deslumbrantes estudios pioneros de STIGLER Y BECKER sobre la eficiencia del castigo, del Derecho penal y de las instituciones diseñadas para aplicarlo.

Antes de entrar en crisis las empresas y deudores profesionales pasan por dificultades de toda índole que definen un estadio previo a la insolvencia que podemos denominar de "preinsolvencia" o de "precrisis"' En muchos casos ese estado -tan difícil de delimitar con rigor jurídico- es de efímera duración. No obstante lo cual, la situación puede ser reversible y a través de un proceso de restructuración es posible asegurar la continuidad y la supervìvencia de empresas viables. Precisamente, la reciente y apresurada reforma de la legislación concursal efectuada por el Real Decreto-Ley 3/2009 otorga carta de naturaleza a esa institución preconcursal que son los acuerdos de refinanciación tipificados en una nueva disposición adicional de la Ley Concursal. Este libro ensaya un estudio comparado y preconcursal de esa nueva institución y está acompañado de un anexo estadístico relativo al funcionamiento de la reforma desde su entrada en vigor hasta el cierre del primer ejercicio. También se avanza en él una propuesta articulada de reforma legislativa que permita dar una solución a los problemas que se han planteado en la práctica registral con la tramitación del expediente de designación del experto independiente que ha de informar el plan de viabilidad que sustenta el acuerdo de refinanciación.

NDICE: I. Introducción.- II. Antecedentes históricos y legislativos de los arts. 34, 36 y 40 in fine de la Ley Hipotecaria.- III. Las diversas opiniones doctrinales.- IV. La posición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.- V. La buena fe debe ostentarla el tercero hipotecario hasta el momento de la inscripción. Refutación de las posiciones doctrinales contrarias y demostración de esta tesis.- Bibliografía citada.