El hilo conductor de los diferentes estudios que integran la presente obra es la aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, de la que se ofrece un balance, cumplida ya más de una década desde su entrada en vigor, en la que se examina la actividad llevada a efecto por los diferentes poderes e instituciones públicas comprometidas -y también su inactividad-: desde la decisivas práctica y doctrina registrales, pasando por el Gobierno y el departamento ministerial competente para su desarrollo -el de Justicia- o las Comunidades Autónomas en el escaso margen conferido de desarrollo legislativo, a las corporaciones profesionales, que tenían ante sí el reto de interiorizar la nueva disciplina legal en los respectivos ordenamientos. En esa misma clave se presta especial atención a las reformas experimentadas por la Ley cómo a las intentadas y aún las que están in fieri.