La anulabilidad, tanto del laudo de Derecho, como del de equidad, ciertamente que va contra la aspiración, que satisface el arbitraje, de encomendar las partes la solución de sus diferencias a personas de su confianza que sustituyendo a los Jueces y Tribunales, las zanjen con más rapidez y de forma definitiva que no admita el tener que soportar dilaciones debido a los recuerdos posibles contra fallos judiciales. Tolo lo cual es muy cierto, pero en los casos de anulación del laudo que admite la ley, es palpable que no es justo que aquel no sea atacable, porque por mucha solidez que se le quiera dar, no es aceptable que también la tenga cuando la ley permite impugnarlo.