La Ley 3372003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas introduce, como novedad importante, la obligación de inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de titularidad pública, sin distinción en cuanto a la demanialidad o patrimonialidad de los mismos, así como los actos y contratos referidos a ellos.

En esta obra se estudia el régimen registral de los bienes públicos a partir de la citada Ley, analizando, por un lado, las cuestiones que se plantean en torno al significado, finalidad y alcance de la obligatoriedad de la inscripción y, por otro, cada uno de los títulos que tienen acceso al Registro de la Propiedad, todo ello teniendo en cuenta lo establecido en la Legislación hipotecaria y en las distintas disposiciones especiales que regulan el régimen jurídico de determinados bienes públicos.