La doctrina del llamado "silencio administrativo" según la interpretación dominante de su regulación en la legislación del procedimiento administrativo común, no puede aplicarse a los procedimientos registrales, y, en especial a los recursos gubernativos contra las denegaciones de inscripción en los Registros. La falta de resolución expresa no puede considerarse una simple denegación que deje abierta indefinidamente la posibilidad de una impugnación ulterior. El autor parte del debido respeto de los derechos de terceros, defiende la necesidad de una revisión total de la concepción del "silencio administrativo negativo" con argumentos convincentes.