La ley 24/2005 de reformas para el impulso de la productividad contiene, junto con otras muchas cuestiones, ciertas reglas que afectando a la fe pública son ajenas a una lógica normativa racional. Como tal, ha de considerarse el reintento de convertir en una hecho de la realidad exterior, de certeza axiomática y oponible a terceros, lo que expresamente se define como un juicio de valor de las facultades representativas del apoderado. Tampoco obedece a una lógica racional la consideración de las singulares Resoluciones de la DGRN como una espoecífica fuente del derecho cuya eventuall generalidad solo alcanza a los registradores y exclusivamente cuando se revoque su calificación.