Se aborda en la presente monografía el estudio de una figura que ha experimentado una agitada vida legislativa en los últimos tiempos. En efecto una de las principales novedades de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003 fue la supresión de los derechos de tanteo y retracto, que sin embargo son reintroducidos por la Ley 26/2005 cuando ni si quiera habían transcurrido dos años desde su inicial eliminación. Además, los derechos de adquisición preferente del arrendatario rústico integran una figura que plantea una rica problemática, fuente de numerosos litigios, como queda reflejado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que constituye el núcleo esencial del presente trabajo. Sin embargo, la falta de claridad en la legislación vigente a la hora de precisar los conceptos de tanteo y retracto hace necesario, antes de abordar la preferencia adquisitiva del arrendatario rústico, determinar previamente que entendemos por tanteo y retracto, tarea que constituye el objeto de la primera parte de este trabajo.

El trabajo analiza desde una perspectiva crítica la doctrina que la DGRN viene manteniendo desde la Resolución de 27 de octubre de 2003 determinante de la confirmación de calificaciones denegatorias de la inscripción de sentencias dictadas en procedimientos civiles declarativos o de anotaciones preventivas de embargo acordadas en procesos de ejecución, dirigidos, generalmente en rebeldía tras citación edictal, contra la herencia yacente, comunidad hereditaria o desconocidos, ignorados o inciertos herederos de una persona fallecida, doctrina que parece haber evolucionado de modo favorable a la inscripción o anotación con la Resolución de 19 de agosto de 2010 publicada en el BOE de 27 de septiembre. Tras una breve mención a las figuras de la herencia yacente, heredero y comunidad hereditaria, insuficientemente perfiladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el autor se adentra en el análisis de los argumentos, señaladamente de naturaleza procedimental o procesal empleados por la DGRN en justificación de su doctrina, discrepando de todos ellos salvo en la necesaria llamada, en último lugar, a la Administración General del Estado o entidad autonómica correspondiente, como potencial heredero abintestato.

Este libro es el resultado de la recopilación de cinco conferencias o ponencias elaboradas por encargo del Colegio Notarial de Registradores de la Propiedad de España referidas a distintos aspectos de esa figura de hipoteca introducida por la aludida reforma legislativa de 2007 y recogida normativamente en el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria, que la exposición de motivos denomina hipoteca flotante, aunque, en realidad, recoge, también, otras variedades de hipoteca de máximo, es decir, aquella caracterizada por la variabilidad e indeterminación del importe asegurado, de mantera que en el Registro, en el momento de la constitución de la garantía, sólo se hace constar una cantidad máxima de la que responderá el bien hipotecado, con independencia de cuál sea finalmente el importa de la obligación o las obligaciones garantizadas.

Este trabajo intenta aproximarse a una de las realidades manifestadas a partir de la actual crisis económica: la inserción en los procesos concursales de los créditos por gastos de urbanización surgidos en cumplimiento de la ley, con fundamento en la propia Constitución. Se trata con ello de determinar su rango concursal cuando son asumidos por los agentes económicos que se ven vinculados a soportar las obligaciones insatisfechas de otros copartícipes respecto de los bienes de su propiedad situados en un mismo ámbito urbanístico cuya ejecución les ha sido encomendada y que, precisamente con su asunción, alcanzan la progresiva patrimonialización de las facultades urbanísticas dimanantes del planeamiento como función pública.

A partir de esta circunstancia y bajo el influjo de normas inicialmente procesales, se produce la aparición de una rica variedad de situaciones patrimoniales objetivas, surgidas en el cruce con las categorías urbanísticas proyectadas sobre el concurso, e incluso más allá del mismo por sus repercusiones civiles y, de modo paralelo, también registrales.

En base a estos presupuestos, la tarea primordial ha sido procurar un tratamiento jurídico coherente de la totalidad de las situaciones identificadas, mediante el cual se cumplan las exigencias del Derecho en su conjunto, haciendo compatibles las garantías para el logro de la seguridad jurídica con la satisfacción de las necesidades sociales en un tiempo de tan profundo cambio de la realidad social.

El presente estudio se sitúa en el proceso de actualización y modernización del Derecho de obligaciones y contratos en nuestro ordenamiento, en un intento de revisión de los actuales planes y propuestas de reforma, circunscrito de manera especial a la figura de la novación, en la pretensión de suscitar algunas reflexiones, pues la práctica ha impuesto sus propias necesidades al margen del régimen legal. Las deficiencias en la regulación de la novación no han dejado de ser advertidas por la doctrina, pero habría que plantear su eliminación definitiva, la supresión de la categoría en sí, dada su inutilidad. La novación aparece como una de esas nociones rígidas y herméticas creadas en nuestro sistema, que es necesario no sólo revisar, sino eliminar, porque su clasificación a priori, lo que hace es entorpecer la calificación. Lo que importa es lo que determinen los interesados y la adecuada valoración de sus declaraciones de voluntad y resolver a qué contenido modificador llamamos correctamente extinción y a qué llamamos modificación. Cuestión que presenta importantes vinculaciones y relaciones con el resto de la teoría general de las obligaciones y del contrato de ser de la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales.

En esta obra aborda un estudio sobre el proceso de formación de las decisiones judiciales centrando su atención en las distintas respuestas que la doctrina ha ofrecido en relación con la exigencia del sometimiento de los jueces a la ley. Para ello, lleva a cabo, a través de una fórmula particularmente original, un análisis de la evolución de las grandes líneas de pensamiento jurídico moderno desde un punto de vista de la filosofía jurídica, incidiendo especialmente en aquellos temas que tienen que ver con la creación judicial del derecho, la problemática frente al derecho injusto e, incluso, las consecuencias que tienen en la formación del jurista. La obra cuenta con un epílogo de Valentín Cortés Domínguez quien analiza la razón

En esta obra se ofrece una perspectiva nueva sobre un tema clásico entre los clásicos: los gastos generales en la propiedad horizontal' La idea final del estudio es el examen de la repercusión en el Registro de la Propiedad de los privilegios legales que suponen la preferencia otorgada al crédito de la comunidad y la afección del piso o local; sin embargo no se prescinde, como cuestión previa, de un detenido desarrollo del concepto de los gastos generales, abordando sus clases así como el sujeto pasivo de la obligación de los responsables de la misma. Profundizando en esa labor, se descubre una prolija diversidad de doctrinas y de decisiones de los Tribunales incompatible con un mínimo grado de seguridad jurídica, y en este punto, se apartan líneas de solución más sencillas, homogéneas y coherentes. Las numerosas y variadas notas de pie de página contienen una copiosa relación de las Sentencias de la Audiencias Provinciales dictadas en temas tan variados como el nacimiento de la comunidad, la cotitularidad del piso o local, el momento de la adquisición, la exigencia de la obligación, el sujeto pasivo, los efectos de la transmisión de la finca, la trascendencia los pactos entre copropietarios, la legitimación pasiva procesal, el plazo prescriptivo, etc… Junto a ello, en dichas notas se realizan incursiones respecto de materias estrechamente relacionadas con la cuestión tratada, tales como las hipotecas legales, la tercería, la preferencia de los créditos laborales o el juicio monitorio. La obra que se somete a la consideración del lector constituye, en suma, un acercamiento con nuevos ojos a los aspectos jurídicos de en problema de viva y dolorosa actualidad, el de la morosidad en las comunidades de propietarios, y propone radicales cambios en los enfoques hasta ahora realizados.

La presente obra tiene por objeto el estudio de algunas de las figuras que tradicionalmente han supuesto una limitación a la facultad dispositiva del causante: el supuesto de reversión legal de donaciones hechas por los ascendientes a un descendiente que premuere, la reserva lineal, la reserva vidual y la limitación a la libertad dispositiva del bínubo a favor de la igualación de los hijos matrimoniales anteriores, que tiene su origen en la Lex Hac edictali. No pretende ser un análisis exhaustivo de las figuras que han sido objeto de aportaciones doctrinales que han perfilado a la perfección sus contornos.

No obstante, si algún aspecto quedaba por estudiar con cierta profundidad es su vigencia en el derecho civil de Mallorca, para lo cual se realiza un estudio de los antecedentes prelegislativos, las aportaciones doctrinales y la jurisprudencia recaída sobre las mismas. La reserva lineal y la reversión de donaciones están vigentes por la remisión que el artículo 43 de la Compilación del Derecho civil de las Illes Balears de 1990 hace a los artículos 81 1 y 812 del Código civil.

La obra gira en torno a la doble función jurisdiccional que desarrollaba el iudex (iudicium y arbitrium) y tiene la intención de aclarar la función y la finalidad que cumplió la iurisdictio civil en Roma desde sus orígenes. Ésta tendría por objeto la declaración del iu mediante un iudicium o un arbitrium y su finalidad sería la reparación in natura. La autora argumenta que la distinción entre la función juducual y la arbitral es una de las claves explicativas de la formación histórica del concepto de iurisdictio civil romana.

"El anhelo por dotar al tráfico inmobiliario de una mayor seguridad jurídica motivó la aprobación de la Ley Hipotecaria en 1861. Sin embargo, esta necesidad tiene alcance universal. En 1858, Sir Robert Richard Torrens llevó a cabo una profunda reforma inmobiliaria que concluyó con la implantación en Australia del denominado Torrens title: un sistema registral innovador, de fuertes consecuencias jurídicas, sólidamente consolidado y en franca expansión por el mundo.

El propósito de este trabajo es señalar las diferencias entre el Registro de la Propiedad español y el australiano pero también sus abundantes semejanzas que podrían justificar la admisión en España de principios propios del Torrens title."